La Xunta lamenta que el ministerio siga obviando la postura de 11 autonomías y mantenga su decisión de incluir el Lobo en el listado de especies de protección especial
Belén do Campo indicó que la Conferencia Sectorial no sirvió para conseguir puntos en común, ni para abrir un diálogo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con las comunidades loberas
La directora general trasladó a estas entidades que la Xunta prepara la presentación de los recursos correspondientes para defender los intereses de Galicia por la vía jurídica
La Xunta de Galicia lamentó que el Gobierno central sigue obviando la postura de 11 autonomías y mantiene su decisión de incluir el lobo en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lesrpe).
La directora general de Patrimonio Natural inició esta mañana una ronda de contactos con las organizaciones agrarias gallegas y de razas autóctonas para informarlos de los resultados de la reunión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, celebrada el pasado miércoles 14, que incluía el estado de tramitación de la solicitud para incrementar el actual nivel de protección del lobo ibérico.
Recordó que Navarra viene de sumarse a la postura que lideran las comunidades al norte del río Duero (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León), y que apoyan País Vasco, Aragón, Madrid, Murcia, Andalucía, la ciudad autónoma de Ceuta, y a la petición de paralización de esta propuesta -que recibió más de 4.500 alegatos durante la fase de consulta pública-, hasta que se que se apruebe y consensúe la nueva Estrategia nacional de gestión y conservación de la especie, pues esta debe ser pactada con las comunidades loberas, puesto que son a administraciones que velarán por su aplicación.
La reunión sirvió para visualizar una vez más la negativa del Gobierno por debatir en profundidad un tema de gran importancia para las regiones al norte del río Duero, que aglutinan el 95% de las poblaciones del lobo de todo el país y asumen desde hace años su gestión en solitario.
Les explicó que los representantes de las cuatro comunidades aprovecharon el turno de palabra para reiterar los principales argumentos en los que basan su rechazo la una medida que dificultaría más la gestión de la especie en sus territorios y supondría, además, una amenaza para el sector agroganadero, al reducir las posibles medidas de control.
La directora general de Patrimonio Natural indicó que esta actitud del Gobierno deber a las comunidades afectadas a recurrir la vía jurídica para presentar los correspondientes recursos ante un tema de confrontación del territorio. En ese sentido, adelantó que los técnicos, junto con el departamento jurídico, de la Consellería están evaluando la documentación necesaria para iniciar dicho procedimiento.