La Xunta reitera que la Ley de salud aporta a los gallegos un aval jurídico contra la pandemia que el Gobierno central no garantiza

La Xunta asegura que la Ley de salud de Galicia aporta un marco legal para luchar contra la pandemia que el Gobierno central no garantiza después del estado de alarma que decae el 9 de mayo, y entiende que la negativa del Ejecutivo central a adaptar la normativa a la nueva situación aboca a los españoles a una inseguridad jurídica sin mecanismos legales para combatir la crisis sanitaria.

En respuesta a una interpelación y la una pregunta en el Parlamento de Galicia, el vicepresidente primero de la Xunta tendió la mano al Gobierno central para debatir sobre el recurso anunciado contra la Ley de salud de Galicia antes de que se presente ante el Tribunal Constitucional, a la espera de que se convoque oficialmente la Comisión Bilateral Estado-CCAA de Galicia para debatir sobre esta cuestión y sobre el traspaso de competencias pendiente. Con todo, Alfonso Rueda lamentó que, de momento, no haya  atendido la petición de la convocatoria de una Conferencia de Presidentes, como había pedido el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para clarificar la situación jurídica después del fin del estado de alarma.

Rueda recordó que, en un año que va ya de pandemia, el Gobierno gallego insistió más de una vez ante el Gobierno central en que era necesario un marco jurídico que permitiera actuar con garantías en la crisis sanitaria, pero como sus peticiones no fueron atendidas, optó por aprobar una ley avalada por el Parlamento de Galicia para dotar a los gallegos de esa cobertura jurídica. La Ley de salud de Galicia es, por lo tanto, “un aval para los gallegos”.

El vicepresidente de la Xunta lamentó que, frente a decisión del Gobierno gallego, el Ejecutivo central dotara a los españoles, a pesar del tiempo transcurrido, de una cobertura legal que entrara en vigor tras el estado de alarma, tal y como criticó el Consejo de Estado en un informe en lo que echa en falta una adecuación legislativa de la ley estatal. Por el contrario, el informe avala la constitucionalidad de cinco de los seis apartados de la ley gallega que el Gobierno quiere impugnar.

Alfonso Rueda criticó que el Ejecutivo central tenga más prisa por recurrir la Ley de salud gallega que por dotar al Estado de una norma jurídica efectiva tras el estado de alarma, y reiteró “la lealtad institucional a la Constitución Española y al ordenamiento jurídico” que siempre mostró el Gobierno gallego.