La Xunta destina 2 M€ para facilitar un hogar a las víctimas de la violencia de género y garantizar su autonomía e independencia

La Xunta de Galicia habilita una línea de ayudas con más de dos millones de euros para ofrecer una oportunidad y garantizar la autonomía e independencia a las víctimas de la violencia de género, garantizándoles el acceso a un hogar. La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, y la conselleira de Empleo e Igualdad, María Jesús Lorenzana, firmaron esta mañana el convenio de colaboración que permite mantener la concesión de ayudas al alquiler para las víctimas de violencia de género.

Así, en las próximas semanas el Instituto Galego da Vivenda e Solo podrá formalizar una convocatoria específica para el presente ejercicio en el Diario Oficial de Galicia. Destacó que esta medida concreta está incluida en el Bono de Alquiler Social, convocado el pasado 21 de enero, y puesto en marcha en 2015 y que a día de hoy permite garantizar una vivienda a más de 500 familias.

La conselleira de Medio Ambiente defendió que apoyar a las víctimas de violencia de género, así como a sus hijos e hijas en el acceso a una vivienda, supone darles una oportunidad de para comenzar una nueva vida en la que sean capaces de recuperar la capacidad de tomar decisiones sin temores y miedos y con total y absoluta independencia.

Vázquez Mejuto explicó que la concesión será por un período de 12 meses, prorrogable dos veces más hasta llegar a un máximo de tres años. Se podrá solicitar también una ayuda única adicional, de hasta 600 euros, que se destinará a atender los deberes derivados de la constitución de fianza y del alta en suministros o a hacer frente a pagos atrasados.

Recordó que -según las bases- el bono de alquiler tendrá un importe máximo de 225, 200 o 175 euros, dependiendo del ayuntamiento en el que se encuentre la vivienda, que equivale al 50% de la cuantía máxima que puede conseguir el precio del alquiler en cada zona. Así, la renta máxima será de 450 euros al mes en las siete grandes ciudades; de 400 euros en los ayuntamientos de carácter urbano; y de 350 en los ayuntamientos de tipo rural.

En todo caso, la Xunta tomó la decisión de asumir el 100% de la renta del alquiler de las personas beneficiarias de esta ayuda, tal y como hizo en 2020; pues las circunstancias sociales derivadas de la pandemia de la Covid-19 así lo exigen, y hoy son 187 personas las que cuentan con esta ayuda para comenzar una nueva vida.

Por último, la conselleira de Medio Ambiente recordó que esta medida está enmarcada en el Pacto Social por la Vivienda 2021-2025, que incluye cerca de 50 iniciativas con las que asegurar el acceso a una vivienda a 70.000 familias y movilizar 1.080 millones de euros.

La conselleira de Empleo e Igualdad, María Jesús Lorenzana, por su parte, puso en valor este convenio de colaboración, ya que explicó que la separación física es el primer paso en el proceso emancipador, por lo que apuntó que resulta clave que la administración pública oferte una alternativa en este sentido. “Este convenio permite a muchas mujeres y familias dar el primer paso cara un futuro nuevo y libre”, añadió.

Otros apoyos económicos

Indicó, asimismo, que el siguiente paso lo marcará la independencia y autosuficiencia económica de las víctimas, para lo cual recordó que la Xunta de Galicia también cuenta con programas de ayudas directas y de integración socio-laboral. Lorenzana afirmó que las medidas económicas para acompañar a las víctimas de violencia de género se reforzaron este año en un 10,2%, lo que permitirá poner a disposición de las mujeres 30,2 millones de euros. La conselleira de Empleo e Igualdad, asimismo, señaló que continúa activo el Plan de refuerzo para el apoyo a las mujeres víctimas de violencia machista, que, entre otras medidas, contempla la ampliación del bono de alquiler social, asumiendo la Xunta de Galicia el pago del 100% durante todo el Estado de Alarma.

Por último, se refirió a las víctimas de trata con fines de explotación sexual a las que la Xunta también tiene en cuenta, articulando medidas adicionales como firmas de convenios específicos con las entidades que integran la Red Gallega contra la Trata, para la puesta en marcha de proyectos de atención de emergencia a víctimas de trata de seres humanos y/o de explotación sexual.