La Xunta suma el apoyo de las entidades ganaderas de razas autóctonas para evitar que el estado aumente la protección actual del lobo

Entidades ganaderas que representan algunas de las principales razas autóctonas de Galicia se sumaron hoy a la Xunta en su rechazo a la intención del Gobierno central de incluir las poblaciones de lobo al norte del río Duero en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lesrpe).

La directora general de Patrimonio Natural, Belén do Campo, se reunió esta mañana por videoconferencia con representantes de Boaga, Asoporcel, Puraga y Ovica para trasladarles los últimos acontecimientos con relación la este asunto, así como los próximos pasos a dar desde la Xunta, en coordinación con el resto de comunidades afectadas (Asturias, Cantabria y Castilla y León), para tratar de impedir que el Estado haga efectiva la medida.

Hace falta recordar que durante la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que se celebró la semana pasada salió adelante, por un margen de votos muy ajustado, la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de incrementar el nivel de protección del lobo al norte del río Duero, a través de su inclusión en el Lesrpe.

Esta decisión, como explicó Belén do Campo, carece de fundamento técnico o científico, choca con las competencias autonómicas en materia cinegética y supondrá un grave problema de gestión para Galicia y el resto de comunidades al norte del Duero, que albergan más del 95% de los lobos de toda España. Por este motivo, les avanzó que la Xunta exigirá del Estado una rectificación con todos los mecanismos a su alcance, sin descartar acudir a la justicia.

Durante la reunión, tanto la directora general como los representantes de las asociaciones coincidieron en que otorgarle al lobo en Galicia una mayor protección de la que ya tiene rompería el actual equilibrio entre la conservación de esta especie y el mantenimiento de las razas autóctonas en extensivo ya que supondría, en la práctica, la prohibición genérica de su caza, impidiendo autorizar acciones cinegéticas en casos tasados y tras constatar daños. Por eso, las entidades ganaderas ofrecieron su apoyo y respaldo a la Xunta en sus reivindicaciones.

En este sentido, del Campo recordó que desde hace una década Galicia cuenta con un Plan de gestión del lobo que garantiza la viabilidad de la especie, es decir, se mantiene la población estable al tiempo que se compatibiliza con la ganadería extensiva y la viabilidad de las explotaciones.

Por el contrario, la decisión del departamento que dirige Teresa *Ribera es totalmente contraria al objetivo de la Xunta y a las políticas que estuvo poniendo en práctica con éxito en los últimos años, estableciendo medidas preventivas y de compensación por los daños provocados por esta especie y con controles que, recordó, solo se autorizan en casos tasados y siempre bajo las directrices establecidas en el propio Plan de *Xxstión del lobo en Galicia .

Ayudas del Estado para compensar los daños sobre el ganado

En todo caso, si finalmente se eleva el nivel de protección de esta especie en contra del criterio de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, Belén do Campo defendió que el Estado deberá acompañar la medida de las correspondientes compensaciones económicas por el impacto que tendrá, con toda seguridad, para el sector ganadero.

De hecho, advirtió que en el caso de Galicia tense constatado un incremento significativo de los daños producidos por el lobo. Así, entre 2014 y 2019 el número de avisos por este tipo de ataques experimentó un aumento del
126% (pasando de 618 a 1.397 avisos en este período).

En este sentido, recordó que la Xunta lleva más de una década convocando con periodicidad órdenes de ayudas dirigidas tanto a prevenir como a paliar los daños que ocasionan estos animales en la comunidad, un esfuerzo que considera que el Estado también deberá asumir se limita la capacidad que tienen los respectivos Gobiernos autonómicos para autorizar medidas puntuales de control de estas poblaciones.

Así, hace falta subrayar que en 2020 la línea de ayudas autonómica para prevenir ataques de lobo estuvo dotada de 230.000 euros, incrementándose este año hasta los 300.000 euros; mientras que la orden de ayudas de la Xunta para compensar los daños provocados por esta especie movilizó 400.000 euros el año pasado y dispondrá de 646.224 euros en la convocatoria actual.