La Xunta recibió casi 700 denuncias de los 167 ayuntamientos adheridos al convenio con la Fegamp para tramitar las sanciones relacionadas con la covid-19 de competencia municipal

Un total de 167 ayuntamientos se adhirieron al convenio firmado con la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) y propuesto por la Xunta para ayudar a los pequeños y medianos ayuntamientos en la tramitación de las sanciones relacionadas con incumplimientos de las medidas relacionadas con la covid-19 que son competencia municipal. Desde que se formalizó el acuerdo a finales de noviembre la Xunta ya recibió 668 expedientes de denuncias, de los que la mayoría corresponden al incumplimiento del deber de usar mascarilla, y que el Gobierno gallego ya está revisando.

A través de este acuerdo, la Xunta ofrece a los ayuntamientos medianos y pequeños adheridos de forma voluntaria la asistencia técnica y material necesaria para la tramitación de los procedimientos sancionadores cuando tal incumplimiento sea en ámbitos competencia de los municipios como el incumplimiento de horarios, los aforos máximos o los controles de aglomeraciones de personas.

El plazo para adherirse a esta iniciativa finalizaba inicialmente el 15 de diciembre, pero la Xunta decidió ampliarlo hasta el pasado miércoles, 30 de diciembre, tras la petición de muchos ayuntamientos, que comunicaron que precisaban de un plazo mayor para poder aprobar en el Pleno esta decisión. Pese a que no es un trámite exigido por la Xunta para acogerse al convenio, el Gobierno gallego aceptó ampliar el plazo para dar respuesta a la demanda de los ayuntamientos que entendían que debía realizarse esta aprobación.

Esta iniciativa de la Xunta se inscribe en el objetivo de contribuir a agilizar los procedimientos y paliar la carga administrativa de muchos municipios. De este modo, la Xunta ayuda a los ayuntamientos con menos recursos a tramitar los expedientes sancionadores en el marco de la necesaria colaboración fluida entre administraciones, sobre todo en el actual escenario marcado por la pandemia del coronavirus. Se trabaja así también para garantizar que todas las sanciones lleguen a los que incumplen las restricciones fijadas por las autoridades sanitarias para contener el avance del coronavirus.

En definitiva, tal y como explica la directora general de Administración Local, Natalia Prieto, “se trata de colaborar entre administraciones públicas en un momento que es fundamental ayudarnos entre todos ante la crisis sanitaria que estamos atravesando y en el que, desde luego, es imprescindible que toda la ciudadanía sigamos siendo responsables”.

Tramitación

Los ayuntamientos que se adhieren al presente convenio se comprometen a iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores debiendo remitir a la Xunta la información precisa para que esta pueda ejecutar el encargo de gestión.

Según recoge el convenio, la Xunta se encarga de la elaboración, gestión y notificación de los distintos trámites de los procedimientos sancionadores derivados de la covid-19. El Gobierno gallego dispone de unidades tramitadoras base, supervisoras y de coordinación que se encargan de la elaboración material de los trámites en auxilio técnico de los instructores de los procedimientos designados por los ayuntamientos, que se encargan de la formalización de los actos de carácter jurídico.

Tanto las unidades tramitadoras como los ayuntamientos cuentan con una guía de tramitación, que ya fue enviada a todos los municipios adheridos, en la que se recogen todas las actuaciones necesarias para que las unidades tramitadoras puedan completar los expedientes electrónicos de cada procedimiento, antes de remitirlos a los ayuntamientos para su archivo.

Entre los trámites, el personal de la Xunta podrá encargarse de redactar los acuerdos de incoación; de realizar las notificaciones de estos acuerdos, con las que se acercarán las cartas de pago; o de elaborar propuestas de resolución en los casos en los que no se procediera al pago o cuando haya alegaciones. Todo este apoyo se realizará siempre bajo la supervisión del ayuntamiento -nombradamente, del instructor-, que se deberá encargar de su formalización, como la firma de los acuerdos de incoación o de las propuestas de resolución. En definitiva, las unidades tramitadoras de la Xunta se encargarán de la redacción de documentos y los ayuntamientos de su revisión y firma.