La Xunta firma el convenio con la Fegamp para la tramitación de sanciones relacionadas con la covid-19

La directora general de Administración Local, Natalia Prieto, firmó esta mañana con el presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp), Alberto Varela, el convenio para articular el encargo de gestión para la realización de actuaciones auxiliares y de colaboración con los ayuntamientos en la tramitación de los procedimientos sancionadores relacionados con el incumplimiento de las medidas de prevención para la lucha contra la covid-19.

A través de este acuerdo, la Xunta ofrecerá a los ayuntamientos medianos y pequeños que se adhieran de forma voluntaria a la asistencia técnica y material necesaria para la tramitación de los procedimientos sancionadores cuando el incumplimiento sea en ámbitos competencia de los municipios.

De este modo, el Gobierno gallego da cumplimiento al compromiso para ayudar a los ayuntamientos con menos recursos a tramitar los expedientes sancionadores con el objetivo de contribuir a agilizar los procedimientos y paliar la carga administrativa de muchos municipios.

Por su parte, los ayuntamientos que se adhieran al presente convenio se comprometen a iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores debiendo remitir a la Xunta de Galicia la información precisa para que esta pueda ejecutar el encargo de gestión.

La directora general de Administración Local destacó la importancia de mantener “un diálogo fluido” y una “colaboración “*fructífera” con los ayuntamientos que permitirá avanzar, en este caso, en la gestión “de las denuncias que están pendientes para que ninguna infracción quede sin sanción”. Además, apeló a la responsabilidad ciudadana y al “sentidiño” para cumplir las medidas de prevención por la covid-19.

El Gobierno gallego dispondrá de unidades tramitadoras base, supervisoras y de coordinación que se encargarán de la elaboración material de los trámites en auxilio técnico de los instructores de los procedimientos designados por los ayuntamientos, que se ocuparán de la formalización de los actos de carácter jurídico.

Tanto las unidades tramitadoras como los ayuntamientos tendrán a su disposición una guía de tramitación, en la que se recogerán todas las actuaciones necesarias para que las unidades tramitadoras puedan completar los expedientes electrónicos de cada procedimiento, antes de remitirlos a los ayuntamientos para su archivo.

Entre los trámites, el personal de la Xunta podrá encargarse de redactar los acuerdos de incoación; de realizar las notificaciones de estos acuerdos, con las que se acercarán las cartas de pago; o de elaborar propuestas de resolución en los casos en los que no se procediera al pago o cuando haya alegatos. Todo este apoyo se realizará siempre bajo la supervisión del ayuntamiento -nombradamente, del instructor-, que se deberá ocupar de su formalización, como la firma de los acuerdos de incoación o de las propuestas de resolución. En definitiva, las unidades tramitadoras de la Xunta se harán cargo de la redacción de documentos y los ayuntamientos de su revisión y firma.