Román Rodríguez advierte que la nueva ley educativa rompe con la imparcialidad en la designación de los inspectores educativos

El conselleiro de Cultura, Educación y Universidad, Román Rodríguez, mantuvo esta mañana una reunión con los colectivos de los inspectores educativos para evaluar el impacto de la nueva ley de Educación conocida como Ley Celaá, en este colectivo, así como para escuchar sus demandas en un contexto donde su carga de trabajo se vio incrementada de manera considerable por mor de la covid-19.

Román Rodríguez mostró su preocupación por un texto que considera que rompe con la imparcialidad en la designación de los inspectores educativos y, de este modo, pretende ejercer la te conseguí injerencia e intromisión en la toma de decisiones del colectivo de los inspectores educativos, que son el nexo de comunicación entre los centros y la administración.

El conselleiro advierte que esta nueva ley, que fue elaborada sin tener en cuenta a las comunidades autónomas, “siembra arbitrariedad y discrecionalidad” en el nombramiento de los inspectores ya que elimina la fase de oposición en el acceso al cuerpo de inspectores y cambia las reglas objetivas por un sistema “de elección a dedo” que lo que busca es “controlar, dirigir y manipular” el cuerpo de los inspectores, que ejerce una función fundamental en el sistema educativo.

Según el texto que acaba de ser aprobado en el Congreso, se sustituye la prueba objetiva en la que se valoraban los conocimientos pedagógicos, de la administración y sobre legislación educativa que son determinantes para el desempeño de la función inspectora, por una simple valoración de la capacidad de liderazgo y competencias que, en palabras de Román Rodríguez, “abre la puerta a la discrecionalidad y a la subjetividad”. Además, se introduce como novedad que las administraciones puedan reservar hasta un tercio de las plazas para provisión mediante concurso de méritos, “dando lugar a que pueda ser elegido por el dirigente de turno, algo inadmisible”.

Preservar la calidad del sistema

El titular de Educación subrayó que el Gobierno gallego va a seguir trabajando para que, dentro de la legalidad, el sistema educativo gallego no se vea afectado por la aplicación de esta ley que, según reiteró, “ataca los pilares básicos de nuestro sistema como son la calidad, la equidad, la igualdad de oportunidades y la cultura del esfuerzo”.

Precisamente a este respecto recordó que la Xunta de Galicia ya puso en marcha una serie de mecanismos para preservar la calidad de la educación, avalada por informes internacionales como Pisa. Así, la Consellería acaba de aprobar unas instrucciones para corregir en Galicia el decreto del aprobado general, así como el diseño de una formación específica para los docentes que sea necesario contratar sin máster, frente a la propuesta del Ministerio, que decidió no exigirles ni una mínima formación pedagógica.