La Xunta cierra con la Fegamp el acuerdo para ayudar a los ayuntamientos en la tramitación de sanciones relacionadas con la covid-19

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció hoy que la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) aceptó el convenio propuesto por la Xunta para ayudar a los ayuntamientos medianos y pequeños a tramitar las sanciones relacionadas con los incumplimientos de las medidas relacionadas con el coronavirus que sean de su competencia.

Así lo adelantó hoy durante su visita al ayuntamiento de Pazos de Borbén, en el que la Xunta colaboró en diversas actuaciones, como la mejora de la casa del ayuntamiento y de la biblioteca. En concreto, la Vicepresidencia primera lleva destinados a este ayuntamiento más de 222.000 euros en ayudas desde 2009.

Es precisamente en esta colaboración fluida entre administraciones en la que el vicepresidente primero inscribió la iniciativa de la Xunta para ayudar a los ayuntamientos con menos recursos a tramitar los expedientes sancionadores.

A través de este nuevo convenio -al que los ayuntamientos se pueden adherir voluntariamente-, personal empleado público de la Administración autonómica se encargará de llevar a cabo las actuaciones auxiliares y de colaboración material, lo que contribuiría a agilizar los procedimientos y paliar la carga administrativa de los ayuntamientos.

De hecho, la Xunta ya estaría en condiciones de comenzar a tramitar expedientes este mismo mes, después de que se formalice el acuerdo y siempre que comience a recibir la documentación necesaria por parte de los ayuntamientos.

Según recoge el convenio, la Xunta se encargará de la elaboración, gestión y notificación de los distintos trámites de los procedimientos sancionadores derivados de la covid-19. El Gobierno gallego dispondrá de unidades tramitadoras base, supervisoras y de coordinación que se encargarán de la elaboración material de los trámites en auxilio técnico de los instructores de los procedimientos designados por los ayuntamientos, que se encargarán de la formalización de los actos de carácter jurídico.

Tanto las unidades tramitadoras como los ayuntamientos contarán con una guía de tramitación, en la que se recogerán todas las actuaciones necesarias para que las unidades tramitadoras puedan completar los expedientes electrónicos de cada procedimiento, antes de remitirlos a los ayuntamientos para su archivo.

Entre los trámites, el personal de la Xunta podrá encargarse de redactar los acuerdos de incoación; de realizar las notificaciones de estos acuerdos, con las que se aportarán las cartas de pago; o de elaborar propuestas de resolución en los casos en los que no se procediera al pago o cuando haya alegaciones. Todo este apoyo se realizará siempre bajo la supervisión del ayuntamiento -nombradamente, del instructor-, que se deberá encargar de su formalización, como la firma de los acuerdos de incoación o de las propuestas de resolución. En definitiva, las unidades tramitadoras de la Xunta se encargarán de la redacción de documentos y los ayuntamientos de su revisión y firma.