Las comisiones provinciales de seguimiento evaluarán las situaciones individuales de absentismo en el contexto covid y sus dictámenes serán vinculantes

El Comité Educativo, en su reunión de hoy, le dio el visto bueno al borrador de la orden por la que se constituyen las comisiones provinciales de seguimiento ante las posibles situaciones de absentismo con origen en la covid-19, que serán las encargadas de realizar un análisis pormenorizado de cada caso de manera individual y sus dictámenes tendrán carácter vinculante.

El conselleiro de Cultura, Educación y Universidad, Román −Rodríguez que presidió la reunión del Comité Educativo− explicó que el contexto de pandemia “requiere tener una sensibilidad especial” y dar una respuesta educativa integral la cada situación de absentismo de manera que no derive en mayores inconvenientes al propio alumno o a su familia, pero siempre “primando el interés del alumno” y avalada “por los pertinentes informes médicos”.

Toda vez que la escolarización es un deber para los niños de entre 6 y 16 años excepto en los casos justificados desde una perspectiva sanitaria, en esta nueva situación de covid, es necesario disponer de una visión integral de las circunstancias concurrentes para cada situación, basadas en evidencias, y siempre primando el interés superior del menor y su derecho a la educación.

De ahí la constitución de las cuatro comisiones provinciales de seguimiento, que permitirán una visión integral y una idónea formación de criterio en la valoración de los casos debidamente justificados que se le sometan. Con la constitución −a lo largo de este mes de noviembre− de estos órganos colegiados de carácter multidisciplinar y multinivel, se atiende también una demanda expresada por los directores de los centros y de las familias, con el fin de abordar de la forma más rigurosa posible los casos de absentismo con origen en el contexto de pandemia.

Así, a partir de ahora serán estas comisiones provinciales las encargadas de hacer un seguimiento muy específico de todos los casos individuales que se produzcan, con el fin de obtener información detallada y, de este modo, tomar las decisiones más idóneas teniendo en cuenta todas las variables que puedan concurrir en cada situación.

La actividad de estas comisiones se centrará exclusivamente en aquellos casos de absentismo que puedan estar vinculados a la situación de pandemia causada por la covid-19. Serán las jefaturas territoriales de Educación las encargadas de derivar estos casos a la Comisión Provincial correspondiente, después de haber iniciado el procedimiento establecido en el Protocolo de prevención del absentismo en Galicia, y previo informe de la Inspección Educativa.

Respuesta educativa idónea

Para determinar los casos que, excepcionalmente, deben ser elevados a dictamen de las comisiones provinciales de seguimiento, se valorará la situación particular de cada menor ponderando su situación de salud y familiares convivientes, las circunstancias socio-familiares concurrentes, así como la situación y evolución epidemiológica en cada momento.

Los dictámenes de las comisiones provinciales serán vinculantes, y los centros educativos deberán articular la respuesta educativa idónea a dichos dictámenes.

Estas comisiones estarán constituidas por representantes de las áreas educativa, sanitaria, de servicios sociales y de la administración local. Cada una de ellas estará presidida por la persona titular de la Jefatura Territorial con competencias en educación o persona en quien delegue, y las integrarán también los jefes de servicio de la Inspección Educativa de las provincias, los titulares de la Jefatura Territorial con competencia en Sanidade o persona en quien delegue, una persona designada por el titular de la Jefatura Territorial con competencias en menores, un representante de los Equipos de Orientación Específicos y un representante de los servicios sociales de los ayuntamientos de la provincia, a la propuesta de la Fegamp.

Además, para una mejor valoración de los casos y formación de juicio, las comisiones provinciales podrán solicitar la participación de representantes de otro órganos, instituciones o administraciones públicas, con el fin de que aporten elementos de juicio relevantes en la valoración de los casos.