Feijóo avanza la reforma de la Ley de Salud de Galicia para contar con una normativa "específica" y adaptada para combatir la pandemia

Anuncia la modificación de la legislación autonómica para gestionar con la mayor “seguridad jurídica, certeza y claridad” a crisis sanitaria, después de comprobar que el Gobierno central no regulará el control de la situación mediante una ley orgánica

Detalla que el nuevo texto legal recogerá medidas preventivas, de control a los pacientes y contactos y posibles infracciones

Santiago de Compostela, 29 de octubre de 2020

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzó este jueves a propuesta de la reforma informe sobre la reforma de la Ley de Salud de Galicia para contar con una legislación “específica” para gestionar y luchar contra la pandemia.

Tras la reunión semanal del Gobierno gallego, Feijóo recordó que la Xunta viene defendiendo “la necesidad de adaptar la normativa sanitaria” para lidiar con la emergencia sanitaria sin tener que recurrir a mecanismos “con un enorme impacto reputacional” como el estado de alarma y el conocido como toque de queda.

“Comprobado, lamentablemente, que el Gobierno central no va regular a través de ley orgánica la gestión de la pandemia en España, nosotros sí vamos regular, a través de la Ley de Salud de Galicia, un apartado amplio para gestionar con la mayor seguridad jurídica, certeza y claridad para todas las administraciones públicas y ciudadanos gallegos”, abundó Feijóo. Asimismo, precisó que “el responsable y leal es decir al Gobierno que nos estamos equivocando como Nación y como país. Cuando uno se equivoca lo que procede es rectificar”.

En esta situación, Feijóo afirmó que no procede recurrir a un estado de alarma “permanente o intermitente” como medidas de carácter excepcional, teniendo en cuenta los siete meses cumplidos ya desde la crisis sanitaria y la duración prevista de la pandemia. Además, lamentó la existencia de 19 “estados de alarma” arbitrados por las comunidades autónomas en función de la situación sanitaria.

Objetivos y medidas

La propuesta de modificación de la Ley de Salud se pone en marcha con el objetivo de subsanar carencias como la necesidad de mayor concreción en las medidas, la regulación de los requisitos exigibles para su adopción por las autoridades, la urgencia de una mayor concreción del régimen sancionador y la precisión de los términos y el alcance de las garantías judiciales. Esta última cuestión fue resuelta con la reciente modificación de la Ley de la jurisdicción contenciosa administrativa.

Así, el presidente gallego explicó que el nuevo texto recogerá todas las medidas preventivas, medidas de control de enfermos, contactos estrechos o en riesgo y posibles infracciones que pueden ser adoptadas por las autoridades para proteger la salud, incluyendo las limitativas de derechos fundamentales.

Entre las medidas preventivas se añaden: limitaciones de horario de apertura o cierre de establecimientos; medidas de seguridad e higiene; deber del uso de máscara; el deber de suministrar datos a la Administración, especialmente a personas procedentes de otros lugares; o la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.

En las medidas para el control de enfermos, contactos estrechos o en riesgo se fijan actuaciones como: aislamiento en el domicilio o internamiento en los hospitales; sometimiento a un tratamiento adecuado; cuarentena de los contactos estrechos; sometimiento a test o acribillados; sometimiento a vacunación, siempre teniendo en cuenta los riesgos; medidas que limiten la circulación y la movilidad; confinamientos de zonas; y restricciones a las agrupaciones de personas.

En lo tocante a las infracciones, el documento contará con una completa y exhaustiva enumeración de posibles infracciones, entre las que se incluyen el incumplimiento del uso de la máscara, la celebración de fiestas o incumplir el aislamiento o la cuarentena.

De este modo, y según la ley, podrán considerarse infracciones leves, graves o muy graves, con sanciones de hasta 3.000 euros en el caso de las leves; y de 3.001 a 60.000 euros en las graves, que podrán llegar a los 600.000 euros en el caso de las muy graves. Feijóo precisó que la sanción por el uso de la máscara se tipificará en 100 euros, aunque pueda ser superior según las circunstancias de la infracción.

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