El delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, insta a Javier Losada a aprovechar la visita del secretario general de Infraestructuras para exigir que licite las obras de la intermodal
La Xunta avanza en el proyecto constructivo y en la tramitación urbanística de la nueva estación de autobuses, con el objetivo de licitar las obras lo antes posible
El delegado territorial de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, instó al delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, a que aproveche la visita que realizará hoy el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a la provincia, para recordarle que lleva un año de retraso en la licitación de las obras de la estación Intermodal de A Coruña.
Trenor recalcó que “en junio del 2019, Javier Losada anunció la licitación inminente de esta obra por parte de Adif por un importe de 48,5 millones de euros”. El delegado de la Xunta apuntó que “un año después lo único que tenemos son excusas y anuncios de actualizaciones del proyecto para justificar lo injustificable”.
El representante del gobierno autonómico lamenta que “el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana anunciara que se retrasaba a 2021 la previsión de licitación de las obras de la reforma ferroviaria” y recalca que “hoy el representante del Gobierno Central en Galicia tiene una muy buena oportunidad para informar del retraso, de más de un año, que lleva la licitación de esta obra y de la importancia que tiene para todos los coruñeses recuperar todo este tiempo perdido”.
Trenor recordó que la Xunta de Galicia por su parte, está avanzando en el proyecto constructivo y en la tramitación urbanística de la nueva estación de autobuses, al amparo de la Ley 3/2016 de la Xunta de Galicia, de medidas en materia de proyectos públicos de urgencia o excepcional interés, con el objetivo de licitar las obras lo antes posible.
La Xunta de Galicia ya trasladó de forma reiterada al Gobierno de España la necesidad de actuar para acabar con la paralización de los trámites administrativos y evitar de esa forma retrasos considerables en obras públicas y privadas que pueden agravar las consecuencias económicas de la crisis del COVID-19.