La Xunta celebra que el Estado despeje por fin el camino jurídico que permita licitar el dragado de la ría del Burgo sin necesidad de paralizar el marisqueo previamente

Las conselleiras del Mar, Rosa Quintana, y de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, mantuvieron esta tarde una reunión con representantes de la cofradía de pescadores de A Coruña en la que le trasladaron el acuerdo alcanzado ayer entre Asesoría Jurídica General de la Xunta y la Abogacía General del Estado que consiste en licitar el dragado de la ría del Burgo sin paralizar la actividad marisquera mientras no dan comienzo las obras. Este paso, señalaron las representantes del Gobierno gallego, despeja el camino jurídico que permite licitar la obra y demuestra que no existe ningún impedimento legal ni jurídico para hacerlo.

Esta decisión se adoptó atendiendo a lo establecido en el proyecto de dragado aprobado por el Gobierno central y acredita lo que venía defendiendo desde el principio la Xunta al no existir base jurídica para suspender la actividad marisquera antes de empezar las obras, una situación que además supondría importantes perjuicios económicos a los profesionales del sector.

De hecho, el propio proyecto de dragado recoge la existencia de actividad extractiva en la zona y la posibilidad de realizarla en las zonas en las que no hay obras de acuerdo con los criterios que establezca la Consellería del Mar. Además el proyecto incluso incluye la posibilidad de que durante la ejecución de la obra los mariscadores realicen acciones de retirada y sembrado de moluscos para garantizar la productividad de los bancos siempre cumpliendo con los requisitos que se establecen para este caso.

En la línea de lo acordado ayer, la Xunta procederá a suspender los planes de explotación afectados por el proyecto de dragado cuando comiencen los trabajos de obra con el objetivo de garantizar el compromiso que manifestó varias veces la Xunta de suspender la actividad marisquera en el momento de ejecución de los trabajos -tal como recoge la declaración de impacto ambiental de la obra, aprobada por el propio Estado-.

Hay que recordar que esta cuestión también fue defendida por escrito por la Administración gallega en un informe de la Asesoría Jurídica General de la Xunta presentado en agosto a la cofradía de A Coruña. En este documento ya se constataba que no existe ningún obstáculo en cuanto a la disponibilidad de los terrenos para que el Estado pueda licitar las obras del dragado.