La Xunta demanda un reparto justo y equitativo entre las autonomías de los fondos del instrumento de recuperación de la UE asociados a la Política Agrícola Común

El conselleiro del Medio Rural, José González, participó hoy por videoconferencia en el Consello Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, que estuvo presidido por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. En este encuentro, el conselleiro insistió en la defensa de las principales tesis de Galicia en relación con la Política Agrícola Común (PAC), con el fin de garantizar, en el futuro, unas aportaciones adecuadas de fondos comunitarios para que los agricultores, ganaderos y silvicultores gallegos puedan mantener unas rentas dignas.

En particular, José González mostró el interés de la Xunta por conocer cómo se realizará el reparto entre las diferentes comunidades autónomas de las partidas correspondientes al llamado instrumento de recuperación presentado por la UE la finales de mayo pasado, para hacer frente a la crisis de la covid-19. Estos fondos permitirán aumentar el presupuesto del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), para el conjunto de la Europa comunitaria, en unos 7.500 millones de euros, de los que alrededor de 750 corresponderían a España. Su objetivo es ayudar a las zonas rurales a introducir los cambios estructurales que requiere el denominado Pacto Verde Europeo.

Así, se considera que las zonas rurales desempeñarán un papel fundamental en la consecución de la transición ecológica y que esta financiación también contribuirá a conseguir los objetivos de las nuevas estrategias sobre la biodiversidad y de la “granja a la mesa” en materia de clima y medio ambiente.

En relación con estas aportaciones, el conselleiro puso en valor el peso específico de la actividad agrícola, ganadera y forestal de Galicia en el conjunto de España, por lo que insistió en reclamar un reparto “justo y equitativo” de estos fondos. También destacó la importancia de conocer qué tipo de actuaciones van a ser financiables con estas partidas y qué plazos se manejan para su planificación.

En parecidos términos, José González pidió aclaraciones sobre el calendario de trabajos para la elaboración del presupuesto de la PAC y la prórroga de los años 2021 y 2022. Según explicó, es preciso conocer una fecha prevista para la publicación del paquete normativo para el nuevo período de programación, así como para la aprobación del reglamento de transición y las dotaciones económicas por comunidad autónoma previstas para los próximos dos años.

El conselleiro redundó en la necesidad de una PAC fuerte y bien dotada orzamentariamente y recordó que la Xunta seguirá manteniéndose leal al Gobierno central mientras sigan desarrollándose las negociaciones. Con todo, insistió, esas negociaciones deben traducirse en la necesidad “de incrementar los fondos”. Por tanto, añadió González, “defendemos el mantenimiento del presupuesto actual para la futura PAC, por considerar que es una política clave tanto para garantizar el abastecimiento de alimentos sanos y seguros a la población europea como para asegurar la sostenibilidad ambiental de la actividad agroganadera y forestal”.

Grupo de expertos y plan estratégico

En esta línea, el conselleiro recordó que Galicia ya hizo los deberes, al crear un grupo de expertos para avanzar en la definición del plan estratégico de la comunidad autónoma para la PAC, con el fin de que se tengan en cuenta sus peculiaridades en el diseño de estas políticas. El titular de Medio Rural remarcó que, entre otras cosas, en ese plan estratégico se defiende una definición exigente de la figura del agricultor genuino, en cuanto al porcentaje mínimo de ingresos agrarios sobre los ingresos totales que debe tener para ser considerado como tal. También, en relación con los pagos directos, que se aplique en España el tope máximo de 60.000 euros de ayuda por explotación, para proteger a las pequeñas y medianas explotaciones propias de Galicia.

Asimismo, sobre las ayudas básicas a la renta, se aboga, entre otros criterios, porque se puedan incorporar a ellas nuevas superficies y se acepta la ruptura con los derechos históricos, pero siempre que la alternativa no sea un pago uniforme por hectárea para todo el territorio español. Por eso se defiende el establecimiento de diferentes “regiones” dentro de España, con una cuantía diferente de la ayuda básica por hectárea en cada uno de esos territorios, para contemplar las peculiaridades de Galicia.

Además, sobre dicho Pacto Verde Europeo, no se discute la sostenibilidad ambiental, pero se demanda, a la vez, que junto con ese enfoque exista también la transitoriedad suficiente para que los agricultores puedan adaptar sus actividades a ese gran acuerdo. En esta línea, se valora también la puesta en marcha de ecoesquemas adaptados a la realidad productiva de Galicia y a mayores de los que baraja del Ministerio se proponen otros. Entre ellos, dos relacionados con el apoyo al incremento de la superficie de pastos permanentes, para fomentar la transición hacia sistemas ganaderos más sostenibles y contribuir, al mismo tiempo, a la anticipación y prevención de incendios forestales, y con la implantación y conservación de sistemas agroforestales, fomentando el uso de los recursos disponibles para alimentación animal propios o el fomento de la producción ecológica.