El conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, compareció hoy a petición propia en la Diputación Permanente para evaluar la situación de la factoría de A Mariña

La Xunta defiende que hay alternativas para Alcoa San Cibrao si el Gobierno fija un precio eléctrico competitivo y un plan de inversiones específico para el sector electrointensivo

Conde aboga por que se destine parte de los fondos de reactivación previstos por la Unión Europea a un plan de inversiones que permita impulsar el conjunto de empresas electrointensivas y salvaguardar los puestos de trabajo

Dice que otra alternativa está en el esperado Estatuto para los consumidores electrointensivos, que debe establecer un precio eléctrico estable, de acuerdo a los alegatos presentados por Galicia

Asegura que España parte en una clara desventaja porque, antes de impuestos, el precio eléctrico sigue siendo entre 10 y 8,3 euros superior al de Alemania o Francia

Insiste en que se convoque la subasta de interrumpibilidad para el segundo semestre y que sea más sensible a las necesidades de la industria, puesto que la que está en vigor es la más baja de la historia

Apunta que hoy mismo va a mantener una reunión con el comité de empresa de Alcoa San Cibrao para trasladarle el apoyo de la Xunta
 

Santiago de Compostela, 4 de junio de 2020

El conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, defendió hoy que aún hay alternativas para garantizar la actividad y el empleo en Alcoa San Cibrao si el Gobierno aprueba definitivamente el Estatuto para los consumidores electrointensivos y un plan específico para el sector. Así lo manifestó en una comparecencia a petición propia en la Diputación Permanente para abordar la situación que atraviesa la factoría de A Mariña luguesa.

Conde abogó por que el Gobierno destine parte de los fondos de reconstrucción económica previstos por la Unión Europea a un plan de inversiones propio para la industria electrointensiva. Un plan que permita modernizar e impulsar el conjunto de empresas electrointensivas y salvaguardar los puestos de trabajo que dependen de ella.

El conselleiro defendió que otro de los instrumentos que el Gobierno tiene a su alcance para dar alternativas de futuro al sector es aprobar definitivamente el esperado Estatuto para los consumidores electrointensivos, que debe fijar un precio eléctrico estable y competitivo. Según explicó, España parte en una clara desventaja porque, antes de impuestos, el precio eléctrico sigue siendo muy superior al de Alemania o Francia. En concreto, el MWh está entre 10 y 8,3 euros por encima, respectivamente. Una diferencia que se ve aún más lastrada por la falta de incentivos reales en la parte regulada de la factura.

Por este motivo, consideró que el estatuto debe recoger medidas de carácter fiscal, como la supresión del impuesto del 7 por ciento a la generación eléctrica a todos los consumidores y la supresión del céntimo verde al carbón. También la reducción de cargas y peajes recogidos en las tarifas de acceso para ajustar los costes del transporte al resto de países europeos. Tiene que ampliar las ayudas compensatorias por costes de emisiones indirectas de CO2; que, con 6 millones de euros convocados para este año son insuficientes. Fomentar la contratación a largo plazo de energía eléctrica a través de los llamados acuerdos bilaterales y, además, incorporar la categoría de consumidor hiper-electrointensivo.

Conde recordó que Galicia, los gobiernos de Asturias y Cantabria y el propio sector, presentaron alegatos al borrador de estatuto elaborado hasta ahora por el Gobierno porque, entre otras cosas, no garantiza que el precio no supere los 35-40 euros/MWh o porque incrementa el número de posibles empresas beneficiarias de 119 a 612, lo que perjudica a la industria que consume más electricidad, como es el caso de la industria electrointensiva gallega.

Convocar una nueva subasta más sensible a las necesidades de la industria

En este sentido, subrayó que es necesario que la subasta de interrumpibilidad que se convoque para el segundo semestre del año sea más sensible a las necesidades de la industria porque la que está en vigor es la más baja de la historia: únicamente se ofertan 1000MW y se eliminaron los bloques de 90MW que son por las que subastan las grandes empresas como Alcoa.

Activando todos estos mecanismos, dijo, el Gobierno tiene margen de actuación para garantizar el futuro del sector. En palabras de Conde, solo hace falta voluntad política porque, de lo contrario, dijo, España y Galicia pasarán de ser productores a importadores de aluminio, lo que encarecería los precios y rompería la cadena de suministro. Supondría el fin de un sector que, paradójicamente, se considera esencial en este estado de alarma, observó.

En su intervención el conselleiro recordó, también, el compromiso de la Xunta con la comarca de A Mariña y, concretamente, con el desarrollo de la planta de Alcoa San Cibrao, con el apoyo al gasoducto o con ayudas para reconvertir los hornos de la planta de alúmina de fuel-oil a gas natural.

Reunión con el comité de empresa de Alcoa San Cibrao

Para concluir, reiteró la voluntad de la Xunta de seguir trabajando del lado del Gobierno en la búsqueda de soluciones y haciéndose eco de las demandas de los trabajadores de esta industria, para lo cual solicitó el compromiso de todos los grupos de la Cámara. En ese sentido, apuntó que hoy mismo va a mantener una reunión con el comité de empresa de Alcoa para evaluar la situación de las factoría y trasladarle de nuevo el apoyo de la Xunta.
 

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