La Xunta traslada al sector de la construcción que el IGVS y Xestur reactivaron 13 obras de rehabilitación en Galicia

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, mantuvo esta mañana una videoconferencia con los representantes de la Federación Gallega de la Construcción y de la Cámara de Contratistas de Galicia para analizar las consecuencias que está teniendo para este sector a declaración del estado de alarma por el COVID-19, así como las últimas medidas anunciadas por el Gobierno central en materia de vivienda y las decisiones adoptadas también en este sentido por la Xunta.

Una vez retomada la actividad de los sectores productivos no esenciales, entre los que se encuentra la construcción, Vázquez Mejuto les explicó que el Consello da Xunta acordó reactivar más de 500 obras en toda la comunidad, parte de ellas, dependientes de su departamento. En concreto, les trasladó que se retomaron un total de 13 obras de rehabilitación del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) y de la empresa pública Xestur que dan trabajo a 200 personas en las localidades de Betanzos, Lugo, Vigo, Pontevedra, Salvaterra de Miño, Arteixo, A Pontenova y Santiago de Compostela.

En todos estos casos, las actuaciones fueron reactivándose de forma paulatina desde el lunes 13 de abril, una vez levantada por el Estado la paralización de la actividad no esencial y previa adopción de las medidas de protección recomendadas, como el mantenimiento de un aforo dentro de la obra de entre dos y tres trabajadores. A este respecto, aprovechó también la reunión para recordarles que hace unos días el Issga publicó una guía de prevención de riesgos y seguridad laboral para resolver dudas y orientar a las empresas sobre las medidas de protección que deben adoptar con su personal.

En todo caso, la conselleira aclaró que algunas obras de rehabilitación del IGVS aun siguen paralizadas en cumplimiento de la instrucción del Estado de no retomar aquellos trabajos que afecten a edificios habitados, una decisión que, indicó, está teniendo ya un impacto económico sobre las empresas adjudicatarias.

De hecho, los representantes de ambas entidades le trasladaron a la responsable autonómica que, según los cálculos del propio sector, hay unos 20.000 trabajadores autónomos y de pymes afectados por la prohibición del Gobierno de retomar los trabajos a ejecutar en inmuebles habitados, por lo que demandaron mayor seguridad jurídica y claridad sobre el alcance del actual estado de alarma en este sector.

Obras Hurbe

Además de retomar un número importante de las obras de rehabilitación dependientes de su departamento, Ángeles Vázquez les indicó a los constructores y contratistas gallegos que en los últimos días se están reiniciando paulatinamente las obras de humanización, mejora y renovación de elementos urbanos cofinanciadas entre Xunta y ayuntamientos al amparo del Plan Hurbe.

Durante la reunión, los representantes de las empresas de construcción y de los contratistas se le trasladaron a la conselleira a inquietud del sector por las contradicciones y la falta de concreción del Gobierno a la hora de trasladarle al tejido productivo algunas de sus decisiones, así como por las posibles repercusiones económicas de la aplicación del real decreto de 31 de marzo de medidas complementarias en el ámbito social y económico frente al COVID-19.

En este sentido y tras compartir las inquietudes del sector, la conselleira recordó que gracias a las subvenciones del Plan Estatal de Vivienda, en Galicia se generan cada año cerca de 3.000 puestos de trabajo, en su mayor parte vinculados directamente al sector constructivo.

Por eso, Ángeles Vázquez les trasladó un mensaje de tranquilidad a los empresarios al subrayar que la Xunta se compromete a no modificar el Plan de Vivienda y continuará la senda administrativa iniciada para seguir reactivando obras. Así, añadió que su intención es destinar los cerca de 42 millones de euros asignados a la comunidad en este plan para los años 2020 y 2021 a las ayudas y programas que ya están en marcha en estos momentos y de los que, recordó, se benefician también parte de las empresas representadas por ambas entidades.

En la misma línea, insistió en que no se puede modificar el contenido del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 de forma unilateral y sin escuchar a las comunidades ni a los sectores productivos implicados, y les trasladó que por eso, esta misma semana se dirigió por carta al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, para transmitirle su oposición a que el Gobierno utilice y desvíe fondos ya asignados y en el caso gallego comprometidos en su mayor parte, a financiar una nueva orden ayudas dirigida a los mismos colectivos vulnerables que se benefician de los programas previstos en dicho plan.

Por último, la conselleira se comprometió también a agilizar todos aquellos trámites y permisos que entren en el ámbito de sus competencias y, en especial, los relativos a las autorizaciones ambientales que requieren determinadas obras. Asimismo, le tendió a mano al sector para colaborar en la elaboración de un plan de inversiones claro y definido que facilite a vuelta a la normalidad y ayude a generar confianza en las empresas en un contexto de grandes dificultades económicas.