La conselleira de Política Social y los demás representantes autonómicos del área social mantuvieron un Consejo Territorial por videoconferencia con el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias

La Xunta reclama al Gobierno central que envíe de manera urgente material de protección para los profesionales de las residencias y de atención a domicilio

Los equipos de protección individual, cuyo suministro está centralizado en el Gobierno central, serán repartidos por el Ejército

Lamenta que la aportación para Galicia dentro del Fondo social extraordinario se reduzca en ocho millones, desde los 25 previstos inicialmente hasta los 17 millones con los que se contará finalmente

Santiago de Compostela, 20 de marzo de 2020

La conselleira de Política Social, Fabiola García, hizo hincapié en la necesidad urgente de que lleguen a Galicia nuevos equipos de protección individual (EPIs), cuyo suministro está centralizado por el Gobierno central y que ya fue reclamado en diversas ocasiones. Este material de protección será distribuido por el Ejército entre los centros que lo necesitan, a medida que el Ministerio de Sanidad vaya poniéndolos a disposición.

Fabiola García trasladó al Gobierno central esta demanda de Galicia durante la reunión por videoconferencia del Consejo Territorial del Sistema para la autonomía y atención a la dependencia, presidido por el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España, Pablo Iglesias.

Asimismo, la conselleira lamentó que el Gobierno central redujese en ocho millones la aportación que le corresponde a Galicia dentro del Fondo social extraordinario habilitado para paliar las consecuencias del COVID-19. Según el criterio de reparto anunciado el martes, a nuestra comunidad le corresponderían en torno a 25 millones de euros, mientras que en la distribución definitiva la asignación de Galicia se reduce hasta los 17 millones de euros. También le trasladó a Iglesias el malestar de nuestra comunidad por el escaso peso que tienen en el criterio de reparto factores como el envejecimiento o la dispersión de la población, que son fundamentales para definir el coste de los servicios sociales.

El Consejo Territorial aprobó también la flexibilización de los criterios de acreditación de los profesionales que trabajan en los servicios sociales, para garantizar la disponibilidad de personal para mantener la atención en estos ámbitos.

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