El Ministerio de Justicia ordena mantener sus criterios sobre los servicios mínimos durante el estado de alarma por coronavirus

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, participó por videoconferencia en la reunión de la Conferencia Sectorial de Justicia

El Gobierno gallego buscará fórmulas de flexibilidad en el marco de esas directrices para mantener la atención a la ciudadanía y garantizar la seguridad del personal de la Administración de Justicia

En el encuentro se acordó que los profesionales forenses quedarán a disposición de las autoridades sanitarias

Santiago de Compostela, 20 de marzo de 2020

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, participó hoy por videoconferencia en la Conferencia Sectorial de Justicia, en la que el Ministerio de Justicia confirmó que los juzgados y tribunales permanecerán abiertos durante el estado de alarma a consecuencia de la evolución del coronavirus y que se mantendrán los servicios mínimos decretados según los criterios del Gobierno central.

Ante esta decisión, la Xunta apuesta por estudiar distintas fórmulas de flexibilidad en el marco de las directrices fijadas por el Gobierno central con el objetivo de que el personal funcionario pueda atender de forma presencial los servicios mínimos decretados en la Administración de Justicia, de manera que se sigan atendiendo las urgencias de la ciudadanía y, al mismo tiempo, garantizando la seguridad de los trabajadores.

Durante la reunión, presidida por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, también se abordaron otras cuestiones relevantes en la actual situación derivada de la evolución del
COVID-19. Así, los médicos forenses quedarán a disposición de las autoridades sanitarias competentes en la materia según las necesidades del servicio, medida que en nuestra comunidad afectará a los equipos del Instituto Gallego de Medicina Legal (Imelga).

Además del encuentro de hoy, el vicepresidente de la Xunta ya participó el pasado lunes en una reunión telemática con el ministro de Justicia y los responsables de esta área en el resto de las comunidades autónomas para reforzar la coordinación de las medidas de contención ante el coronavirus y su afectación en la Administración de Justicia.

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