Casi dos millones de euros recaudados por sanciones en materia de vivienda fueron destinados a la concesión de ayudas
La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda informó esta tarde de la actividad inspectora realizada en vivienda protegida en la Comunidad en el 2019, que se cerró con más de 2.000 inspecciones en el conjunto de Galicia
Además de las comprobaciones realizadas tras una denuncia, los inspectores del IGVS ejecutan actuaciones de oficio
El importe recaudado por las sanciones y multas impuestas por el Instituto Gallego de Vivenda e Solo en materia de vivienda protegida se elevó a casi dos millones de euros, desde el año 2013. Este importe fue redirigido a los distintos programas en materia de vivienda, con el fin de aportar el mayor número de ayudas posibles entre los solicitantes.
La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, intervino esta tarde en el Parlamento de Galicia para informar de la actividad inspectora realizada durante el año 2019, que se cerró con 2.159 inspecciones totales realizadas y que desde 2013 se elevan a casi 20.000 (19.649).
Destacó que para el cumplimiento de este aspecto, el IGVS cuenta con un equipo de inspectores en las cuatro áreas provinciales y en los servicios centrales de Santiago de Compostela, que actúan en base a una programación de oficio, mientras que otras son derivadas de denuncias recibidas en el Instituto.
Ángeles Vázquez recordó que el objetivo del régimen sancionador de la Ley no es recaudar, sino procurar su cumplimiento y, a modo de ejemplo, explicó cómo se actúa en el caso de una sanción a un arrendatario que no deposita la fianza en el IGVS en el plazo de un mes, desde la firma del alquiler. En caso de que el propietario deposite la fianza por propia iniciativa, pero fuera de plazo, no se impondría una sanción, pero debería abonar los intereses derivados desde la fecha del contrato hasta la fecha del depósito. Por otra parte, si el propietario no deposita la fianza, y el IGVS lo detecta, inicia un expediente sancionador, que podrá finalizar con la imposición de una sanción de entre 300 y 3.000 euros, además del depósito del importe de la fianza.
La conselleira manifestó que dichos importes pueden destinarse a las anualidades de los distintos programas en materia de vivienda, como, por ejemplo, el programa Áreas de Rehabilitación Integral, que en la actualidad suma 71 ARI en los ayuntamientos gallegos, el mayor número de ARI de la historia de la comunidad.
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