Galicia recela de la respuesta de Transición Ecológica sobre Costas al atribuir incorrectamente competencias estatales al Gobierno gallego y no rechazar la modificación del reglamento
La respuesta a la carta enviada por tres conselleiros de la Xunta el 5 de diciembre del año pasado fue recibida este mismo mediodía por el departamento de Medio Ambiente por correo común y después de que el Gobierno central hiciera público su contenido a través de un medio de comunicación sin que los miembros del Ejecutivo gallego tuvieran conocimiento de ella
La Administración gallega considera este hecho una tomadura de pelo a las gallegas y gallegos por tratarse de una grave falta de lealtad institucional tras casi dos meses esperando las aclaraciones de la ministra sobre la resolución que compromete la viabilidad de una empresa con más de 130 empleados en el ayuntamiento de Boiro
En la misiva recibida hoy por Medio Ambiente, el Estado mantiene abiertamente la intención de reformar la legislación sin descartar en absoluto la idea de retomar su tramitación en cualquier momento
El Ejecutivo gallego advierte de que el Gobierno central está aplicando el reglamento en vigor de forma hiperrestrictiva, a pesar de que no se haya producido aún la modificación en la que trabajó al menos hasta octubre de 2019, cuando el Estado mantuvo reuniones de grupos de trabajo con distintos colectivos para abordar esta reforma
La Xunta de Galicia recela de la respuesta recibida por parte de la Vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno del Estado sobre la modificación del reglamento general de Costas pues en ella se atribuyen incorrectamente competencias estatales al Ejecutivo gallego y tampoco se rechaza definitivamente la modificación de esta normativa, que pondría en riesgo a actividad de numerosas empresas del complejo mar-industria de Galicia, entre conserveras, cocederos o depuradoras.
El Gobierno autonómico -concretamente la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda- recibió este mediodía por correo común la misiva del Ejecutivo central en la que da respuesta a una carta enviada por tres conselleiros de la Xunta el pasado 5 de diciembre donde le transmitían su preocupación por una reforma legislativa que ponía en riesgo la viabilidad de más de un centenar de empresas en Galicia, entre ellas la de una firma de Boiro con más de 130 trabajadores.
Esta respuesta fue recibida este mediodía después de que el Gobierno del Estado hiciera público su contenido a través de un medio de comunicación y sin que tuviera conocimiento de su existencia ningún miembro del Ejecutivo gallego, algo que la Xunta considera una tomadura de pelo a las gallegas y gallegos. La Administración gallega entiende que se trata de una grave falta de lealtad institucional tras casi dos meses esperando las aclaraciones de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre la resolución que compromete el futuro de esa empresa de Boiro.
No obstante, lejos de disipar los temores sobre el futuro de la cadena mar-industria de Galicia, la carta enviada por la Vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico insiste en que el Estado mantiene abiertamente la intención de reformar la legislación sin descartar en absoluto la idea de retomar su tramitación en cualquier momento.
Esta situación preocupa al Ejecutivo gallego pues ve además como el Estado está aplicando ya de forma hiperrestrictiva el reglamento en vigor, a pesar de que no se ha producido aún la modificación en la que trabajó al menos hasta octubre de 2019, cuando el Gobierno central mantuvo reuniones de grupos de trabajo con distintos colectivos para abordar esta reforma de la normativa que rige en la zona de dominio público marítimo-terrestre. Fruto de este escenario, algunas empresas ya vieron como la renovación de sus prórrogas se producía por un tiempo inferior a un año.
Esta situación deja entrever la tendencia hacia falta de estabilidad y falta de seguridad jurídica iniciada por el Gobierno estatal en este ámbito. De hecho, la conselleira del Mar, Rosa Quintana, ya mostró ayer sus dudas de que el Gobierno socialista tenga la intención de dar seguridad jurídica al sector pues, recordó, en la anterior modificación de la ley de Costas, el PSOE -que estaba en la oposición- llevó ante el Tribunal Constitucional precisamente la modificación de la duración de las prórrogas de ocupación de la zona de dominio público marítimo-terrestre, en contra de la seguridad jurídica de las empresas instaladas en ella.
La Xunta recuerda que la propuesta de modificación del reglamento general de Costas, de la que Galicia venía advirtiendo desde abril del año pasado, ponía en riesgo como mínimo a más de un centenar de empresas del complejo mar-industria gallego, como depuradoras, cetáreas, cocederos o fábricas de conservas, lo que se traduciría en un freno para todo el sector marítimo-pesquero de la comunidad. Los cambios provocarían también inseguridad jurídica en otras más de 5.000 edificaciones repartidas por todo el litoral de Galicia como colegios, estaciones depuradoras de aguas residuales o centros de salud.
Por eso, la Xunta solicita que se garantice al máximo el principio de seguridad jurídica y que los distintos operadores afectados no queden expuestos a decisiones arbitrarias y cambios de criterio en función del Gobierno de turno y que inciden en su actividad.